Declaro mi indignación tras leer el informe y fotografías publicados en Diario de Sevilla sobre el expolio y parcial destrucción de la Hacienda Ibarburu, en el término de Dos Hermanas. Las haciendas del campo andaluz son (fueron) la expresión de un modelo económico y social sin cuyo conocimiento no es posible entender el ayer, ni el hoy, de Andalucía. Fueron, a la vez, centros de trabajo y transformación industrial (almazaras), residencia temporal de jornaleros agrícolas (gañanías) y residencia también temporal de los señores (palacios). Las que se conservan hoy son testimonios de una sociedad, de un mundo, que ya no existe pero que está en la base del que actualmente vivimos.
La Hacienda Ibalburu era uno de los ejemplos más destacados, y bellos, entre esos testimonios. De aquí que fuera declarada, en 2002, Bien de Interés Cultural, o sea, legalmente protegida con las obligaciones que ello supone tanto para la propiedad (actualmente la familia Pickman) como para las administraciones públicas. Pues no ha servido para nada. Hace pocas semanas, la familia que tenía la función de caseros o guardas fue despedida y pronto las columnas de mármol genovesas de la doble arcada del señorío (del palacio), la azulejería trianera, las rejas y otros elementos económicamente valiosos (de gran valor en el mercado) han sido arrancados. Para ello, no han tenido empacho, ni dificultad, para derribar gran parte del «señorío». Parece que incluso con bulldozers u otros vehículos pesados
A quienes se les llena la boca con la continua invocación del «imperio de la ley» no parece importarles un pimiento que esta se viole continuamente en Andalucía en cuanto refiere al Patrimonio Cultural. Ni se ha obligado a la propiedad de la Hacienda a cumplirla, ni las administraciones (a nivel local, provincial y/o autonómica) han intervenido con una mínima eficacia para asumir subsidiariamente lo que esa ley determina. El resultado ha sido el desastre. ¿Para qué tantas normas? ¿Para qué tantas comisiones de patrimonio en cada uno de esos niveles? ¿Para qué una Dirección General de Patrimonio Cultural en la Junta? Según se comprueba, solo para postureo y para colocar a burócratas sin alma y a beneficiarios del Pesebre. Y también para desesperación de los pocos realmente profesionales y con sentido de la decencia que existen en las instituciones.
Nos siguen destruyendo nuestro Patrimonio Cultural. Con ello, nos roban nuestra Memoria colectiva. Y lo hacen con impunidad e incluso con la colaboración, al menos pasiva, de quienes tienen la obligación ética y legal de garantizar su conservación, protección, puesta en valor y bla, bla, bla. Y que cobran por ello. Hay que exigir, YA, sanciones y dimisiones o destituciones. No podemos seguir así. Esto es una vergüenza insoportable. La sociedad civil, los andaluces/zas con una mínima sensibilidad no podemos conformarnos con que, de higos a brevas, se salve un monumento como parece se han salvado las Atarazanas de Sevilla. Eso era imprescindible, desde luego, pero de poco servirá a la preservación de nuestra identidad histórica y cultural si casi todo lo demás se expolia y/o destruye. Ya basta.
ISIDORO MORENO
Catedrático de Antropología Social
14.01.2018
